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14 octubre 2015

Responsabilidad penal de sociedades

La responsabilidad penal de las sociedades en España

Responsabilidad penal sociedades
La persona jurídica responde penalmente aun cuando en las personas físicas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles, concurran circunstancias que afecten a su culpabilidad, lo que, confiere autonomía a la responsabilidad de la persona jurídica respecto a la de las personas físicas que actúan en su seno.

La persona jurídica responde penalmente aun cuando las personas físicas que materialmente hayan realizado los hechos o los hubiesen hecho posibles hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, circunstancia que incide en la misma idea de la autonomía de la persona jurídica.

 El artículo 31 bis del Código Penal español, con la reforma introducida en el 2015, hace responder literalmente a las personas jurídicas por delitos cometidos por personas físicas. O el artículo 66 bis, que establece como agravación el hecho de que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, entendiéndose que se produce tal circunstancia cuando la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Las penas que pueden imponerse a las sociedades por los delitos cometidos


En cuanto a la pena a imponer a la persona jurídica, y con el fin de no vulnerar el principio de proporcionalidad, el propio Código Penal modula la pena de multa impuesta a la persona jurídica atendiendo a la que se hubiese impuesto a la persona física, dando así la impresión de que se trata de una multa con la que se sanciona, en todo caso, un mismo hecho —un mismo injusto—, el delito cometido por la persona física.

En otros casos, la pena prevista para la persona jurídica se determina en función de la que corresponda a la persona física. Así, por ejemplo, en el caso de multa proporcional, cuando no sea posible determinar su importe en atención al beneficio o perjuicio causado, al valor del objeto, la cantidad defraudada, etc., esa multa se cuantificará en función de la pena que tenga señalada el delito cometido por la persona física.

Si quieres saber más sobre la responsabilidad de las personas jurídicas:
tuabogadodefensor.com y responsabilidad penal personas jurídicas



13 octubre 2015

Plataforma de Afectados por Volkswagen de Tu-Abogado-Defensor

¿Que está pasando con el caso Volkswagen?


plataforma afectados por volkswagen
En la actualidad, el caso de Volkswagen, en España, en cuanto a la resolución de los problemas que ha generado el fraude de la manipulación informática de los gases, para los propietarios de vehículos del Grupo Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, los afectados no saben a que atenerse, ya que la marca, la única información que facilita es la de si el vehículo se encuentra o no afectado por el problema de la manipulación.

El afectado por el fraude de Volkswagen, ¿Que puede hacer?


Esa pregunta es la que no tiene una respuesta clara y contundente, por los técnicos del Grupo Volkswagen, ni por técnicos y especialistas de mecánica del automóvil, ya que hay versiones para todos los gustos, desde los que manifiestan que el vehículo no tiene porque sufrir alteración de ningún tipo, como pérdida de prestaciones, velocidad, emisiones contaminantes, repris, etc., o los que escriben artículos, indicando todo lo contrario, que el vehículo perderá prestaciones, perderá velocidad, que es como si el escape fuera libre, etc.

La solución que la marca Volkswagen va a dar, según la información facilitada, es que llamará a reparar a los vehículos afectados, "sin coste alguno" (faltaría más), no dice nada respecto a molestias que origine, como se van a compensar, si van a facilitar un medio alternativo de desplazamiento (otro vehículo) mientras se repara el afectado, ni si habrá otro tipo de compensación a los afectados.

¿Hay alguna solución legal para los afectados de Volkswagen?


El Bufete de Abogados Vázquez & Apariz (tuabogadodefensor.com) con sede Central en Madrid, está completando una plataforma de afectados, para emprender acciones judiciales, a fin de reclamar hasta el último perjuicio ocasionado a los afectados por el fraude, ya que la reparación del vehículo, es la solución menor, pero desde luego con ello, entendemos no repararía el hecho de la compra de un vehículo, que se ha comprado por un motivo concreto y determinado, confiando en la marca y posteriormente se descubre que lo que se ha adquirido es un vehículo manipulado.

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15 junio 2015

CUANDO PRESCRIBEN LOS DELITOS

Cuando prescriben los delitos? 

Cuando prescriben los Delitos
Los delitos prescriben

De acuerdo con el vigente Código Penal, modificado por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los delitos prescriben de la siguiente forma:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Los delitos de terrorismo no prescriben.

Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en el Código Penal, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

Desde cuando se cuenta la prescripción del delito

Se computarán desde el día en que se haya cometido el delito.

En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

¿Se puede interrumpir la prescripción ?


 La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

 2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Realizado por EDUVA
Abogada

07 marzo 2014

MODELO DE RECURSO CONTRA MULTA TRAFICO

MODELO DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA MULTA TRAFICO POR NO PARAR CONDUCTOR

Expediente sancionador núm. _____/ ____
AL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO
Don Fernando Madrid Sevilla, mayor de edad, vecino de Madrid, con domicilio en calle Navarra nº 12, titular del DNI nº XXXXXXXXXXXXXXX, en expediente sancionador núm. ____/_____ tramitado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, ante el órgano administrativo al que me dirijo comparezco, y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
Que por medio del presente escrito, y dentro del plazo legal conferido, vengo a formular RECURSO DE REPOSICIÓN , contra la resolución dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, con fecha 30 de enero de 2014, en base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que con fecha ____ de ____ de ____ se me notificó boletín de denuncia por la supuesta infracción de lo dispuesto en los arts. xx y xxx.c)de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y del art. xxx del Reglamento General de Circulación aprobado por RD xxxx/XXXX, de XX de noviembre, relativos a las normas sobre XXXXXXX.
Segundo.- Que esta parte, conforme al art. 12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su momento, dentro del plazo legal conferido, presentó escrito de alegaciones y proposición de pruebas impugnando la imputación realizada en el boletín de denuncia.
Tercero.- Que los hechos contenidos en el boletín de denuncia, sobre los que se sostiene la imputación de la infracción administrativa, no se corresponden con la realidad tal y como se expuso en el escrito  y proposición de pruebas que se presentó en su momento, siendo los hechos realmente acaecidos los siguientes:
- Con fecha ____ de _____ de ____, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mi conducta, por tanto, no XXXXXXXXXXXXXXXX, la imputada en la denuncia, ya que la disminución de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que no he incumplido en absoluto las normas generales de conducción.
Cuarto.- Que en el presente expediente se han infringido los principios que rigen la potestad XXXXXXXXX, las normas de procedimiento administrativo aplicable así como la normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
-I-
El presente recurso se interpone al amparo de lo dispuesto en los arts. 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el art. XX del XXXXXXXX, de , por el que se aprueba el Texto XXXXXXXXXXXXXXXX, así como en el art. XX del Reglamento del Procedimiento X, Circulación de XXXXXXX aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero.  
-II-
Se han infringido en la resolución que se combate los siguientes principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así:
- Se vulnera el principio de tipicidad establecido en el art. 129 de dicho cuerpo legal, ya que se ha impuesto una sanción por un hecho no constitutivo de infracción administrativa alguna.
- Se viola el principio de XXXXXXXXXXXXXX de las XXXXXXXXXXXXXX, que establece que sólo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, así como XXXXXXXXXX 
En el presente caso, y como ya se expuso en nuestro escrito de alegaciones, en su día, la imputación realizada no se adecua a las exigencias contenidas en la legislación aplicable por cuanto la ausencia del alto al vehículo con el que presuntamente se cometió la infracción que se me imputa, no resulta posible a todas luces determinar la identidad del transgresor, ni tampoco la realidad de los hechos ilícitos que se dicen cometidos.
Por lo expuesto,
SOLICITO A V.I., que se tenga por presentado este escrito, se admita, y se tenga por formulado en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución dictada con fecha ___ de ____ de ____ por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, y se dicte resolución por la que, declarando haber lugar al recurso, se decrete la nulidad de la resolución impugnada y el archivo de todas las actuaciones practicadas.
Es justicia que solicito en ____, a ____ de ____ de ____

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23 febrero 2013

LA PENSION DE VIUDEDAD DE LAS PAREJAS DE HECHO HOMOSEXUALES

LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DE LAS PAREJAS DE HECHO HOMOSEXUALES

La pensión de viudedad, de las parejas de hecho, ha dado un vuelco importante, tras la última reforma de la Ley 40/2007, y en particular en cuanto a las parejas de hecho homosexuales, en este blog dejamos a la vista la Sentencia del Tribunal Constitucional en virtud de la cual se modifica el artículo  174 de la Ley de Seguridad Social, en lo que se refiere a la pensión de viudedad de las parejas de hecho.

El resumen es el siguiente: Lo relevante para el legislador en el precepto cuestionado no es que sobrevivan hijos comunes de la pareja de hecho que dependan económicamente del progenitor superviviente, sino, exclusivamente, que la pareja de hecho haya tenido descendencia en común.

Por su importancia transcribimos parte de la Sentencia del Tribunal Constitucional:
El Tribunal Constitucional en Sentencia de 14 de febrero de 2013, ha declarado inconstitucional el apartado de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social de 2007, que solo reconocía la pensión de viudedad a las parejas de hecho cuando hayan tenido hijos comunes, impidiendo así acceder a esta retribución a las parejas de hecho del mismo sexo.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 8970-2008, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Han comparecido  y formulado alegaciones el Abogado del Estado  y  el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
DICE LA SENTENCIA:
1.  Con  fecha  18 de noviembre de 2008 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal escrito del Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona, al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 432/08 que se tramita ante dicho Juzgado, el Auto de 11 de noviembre de 2008, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, por posible vulneración del art. 14 CE.
2. Los hechos de los que trae causa la cuestión de inconstitucionalidad planteada son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) Don J. Mª. D. F. solicitó el 10 de marzo de 2008  a la  Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el reconocimiento de la pensión de viudedad como consecuencia del fallecimiento (acaecido el 27 de marzo de 2004) de don J.N. O., con el que había convivido de forma estable desde el año 1982 hasta la muerte de éste. La solicitud se basaba en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, norma que reconoce derecho a la pensión de viudedad a los supérstites de parejas de hecho cuando, habiéndose producido el fallecimiento del causante antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007 (1 de enero de 2008), concurran las circunstancias que la referida  disposición adicional establece, entre ellas “que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes”.
La solicitud fue denegada por resolución del INSS de 13 de marzo de 2008 en razón a no cumplirse el requisito de haber tenido hijos comunes con el causante. Interpuesta contra esta resolución reclamación previa, fundada en la imposibilidad de cumplimiento del referido requisito en el caso de las parejas de hecho  del mismo sexo, fue denegada por el mismo fundamento mediante resolución del INSS de 10 de abril de 2008.
b) Formulada demanda contra la anterior resolución administrativa, correspondió conocer de la misma al Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona (autos núm. 432/08), el cual, concluso el pleito para Sentencia, dictó providencia el 10 de octubre de 2008 por la que, de conformidad con el art. 35.2 LOTC, acordó conferir plazo común de diez días a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, por posible vulneración del art. 14 CE, toda vez que el requisito de haber tenido hijos comunes establecido en la citada disposición para causar derecho a pensión de viudedad, cuando el fallecimiento del causante hubiera tenido lugar antes del 1 de enero de 2008, resulta de imposible cumplimiento  para las parejas de hecho  del mismo sexo si se trata de hijos biológicos y de muy difícil cumplimiento en la práctica si se trata de hijos adoptivos, pues el derecho de las parejas de hecho (heterosexuales u homosexuales) a adoptar sólo se ha reconocido en Cataluña a partir de la Ley del Parlamento catalán 3/2005, de 8 de abril (de forma que era imposible la adopción si el fallecimiento acaeció con anterioridad, como sucede en el caso enjuiciado). La exigencia del referido requisito, aparentemente neutral, supone así, según el Juzgado, un trato discriminatorio para las parejas de hecho del mismo sexo, por su efecto excluyente de la pensión de viudedad. En fin, el Juzgado  invoca la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de abril de 2008, C-267/2006, asunto Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen,  que consideró contraria a la  Directiva 2000/78/CE  la denegación de pensión de viudedad al supérstite de una pareja estable del mismo sexo en situación comparable a la de un cónyuge supérstite beneficiario de esa prestación de seguridad social.

3. Mediante Auto  de  11 de noviembre de 2008  el Juzgado  de lo Social núm. 33 de Barcelona  acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la  disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en  cuanto exige (de forma indiscriminada y sin excepciones) el requisito de haber tenido hijos comunes con el causante para acceder a la prestación de viudedad respecto a hechos causantes anteriores al 1 de enero de 2008, puede infringir el art. 14 CE, al comportar una discriminación en razón de la orientación sexual, en tanto que excluye del acceso a esta prestación a las parejas de hecho del mismo sexo  cuando el hecho causante se haya producido antes de la posibilidad legal de adopción (en el ámbito autonómico o estatal que corresponda) y lo limita notablemente, a partir de esta fecha, en comparación con las parejas heterosexuales.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, modificó el art. 174  de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la pensión de viudedad, e introdujo una nueva situación protegida: la referida al supérstite de una pareja de hecho que acredite una convivencia con el causante durante al menos los  cinco años anteriores al fallecimiento y dependencia económica. Por otra parte, la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, bajo el título “pensión de viudedad en supuestos especiales”, establece, con carácter excepcional, que también podrá solicitarse dicha pensión en aquellos supuestos en los que el hecho causante se haya producido con anterioridad a su entrada en vigor (1 de enero de 2008), siempre que, además de los requisitos generales de alta y cotización establecidos en el art. 174.1 LGSS, concurran las siguientes circunstancias: que a la muerte del causante no se hubiera podido causar derecho a la pensión de viudedad; que se acredite una convivencia ininterrumpida durante al menos los seis años anteriores al fallecimiento; que el beneficiario no tenga reconocida otra prestación contributiva de la Seguridad Social; y “que el causante  y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes”.
EL TRIBUNAL SEÑALA EN SUS FUNDAMENTOS
Examinada la cuestión desde la perspectiva de la cláusula general de igualdad, se hace necesario recordar que, como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio (recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 CEDH), el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. 
En suma, el principio de igualdad en la ley no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8; 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4; y 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4, por todas). 
En efecto, el precepto cuestionado exige únicamente que “el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes”, lo que significa  que –cumplidos los restantes requisitos que señala el legislador– se puede acceder a la pensión de viudedad excepcional  regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 tanto si existen hijos comunes de la pareja de hecho a cargo del supérstite, como si los hijos comunes de la pareja no sobreviven al causante o no se encuentran ya a cargo del supérstite por ser mayores de edad. En definitiva, cumplida la exigencia de que la pareja de hecho hubiese tenido hijos en común, resulta indiferente para el acceso a la pensión regulada  por la  disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 que esos hijos sean menores o mayores de edad, su convivencia o no con sus progenitores, su dependencia económica del supérstite, o incluso si sobreviven al causante o han fallecido. Dicho de otro modo,  lo relevante para el legislador en el precepto cuestionado no es que sobrevivan hijos comunes de la pareja de hecho que dependan económicamente del progenitor superviviente, sino, exclusivamente, que la pareja de hecho haya tenido descendencia en común.
La diferencia de trato que establece el requisito legal cuestionado se revela así carente de una justificación objetiva y razonable,  porque no responde a la finalidad de la pensión (contributiva) de viudedad configurada por la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 (referida a hechos causantes acaecidos antes de su entrada en vigor, de ahí su carácter excepcional) que no es  propiamente la de atender a una real situación de necesidad o de dependencia económica, asegurando un mínimo de rentas, sino más bien resarcir frente al daño que se produce al actualizarse la contingencia (la muerte del causante), por la falta o minoración de ingresos de los que participaba el supérstite, otorgando a tal efecto una pensión que depende en su cuantía de las cotizaciones efectuadas por el causante al régimen de Seguridad Social correspondiente.
Pero sucede también que ese requisito (haber tenido hijos en común) no sólo carece de justificación constitucionalmente legítima por las razones expuestas, sino que, además, resulta ser de imposible cumplimiento, por razones biológicas, tanto para las parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo como para las parejas de hecho de distinto sexo que no pudieron tener hijos por causa de infertilidad, a lo que ha de añadirse que la posibilidad de adopción de niños por las parejas de hecho ha estado vetada en nuestro ordenamiento jurídico hasta fechas relativamente recientes, como ya se dijo, lo que significa que el requisito cuestionado tampoco podía ser cumplido por vía de adopción en el caso de aquellas parejas de hecho en las que el fallecimiento de uno de sus miembros se produjo antes de la entrada en vigor de la normativa legal autonómica aplicable en cada caso que permite la adopción conjunta a las parejas de hecho, del mismo o de distinto sexo.
Ello conduce a declarar por este motivo la inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) de la  disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, lo que hace innecesario que nos pronunciemos acerca de si, además, el precepto en cuestión conlleva una vulneración de la prohibición de discriminación en función de  “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” a la que  art. 14 CE se refiere, en particular por causa de la orientación sexual, en la medida en que el requisito de haber tenido hijos comunes resulta de muy difícil o imposible cumplimiento para las parejas de hecho del mismo sexo, conforme a los argumentos que han quedado anteriormente expuestos.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL INTRODUCE UNA ADVERTENCIA FINAL
Ha de advertirse que esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad, que tiene efectos  erga omnes  desde la fecha de publicación de la presente Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado” (art. 164.1 CE y art. 38.1 LOTC), no permite que quienes, por no cumplir el requisito de haber tenido hijos en común con  el causante,  no solicitaron la pensión de viudedad prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 en el plazo de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley, puedan reclamar ahora la pensión, toda vez que el referido requisito temporal, establecido en la letra e) de la misma disposición, ni ha sido cuestionado, ni cabe que este Tribunal extienda al mismo la  declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) de dicha disposición,  al no concurrir entre uno y otro  inciso la conexión o consecuencia que para extender la declaración de nulidad exige el art. 39.1 LOTC.Tampoco permite, claro está, revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de lo dispuesto en  la  letra c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 (art. 40.1 LOTC). 

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